Pactos colectivos: nuevos requisitos para su depósito a partir del Decreto 992 de 2026
Actualizado: 18 ago
4 de agosto de 2026 · Actualidad laboral
El Decreto 992 de 2026 establece nuevos requisitos para el depósito de los pactos colectivos y fortalece el control sobre su utilización, con el propósito de evitar que esta figura sea utilizada para menoscabar los derechos de asociación sindical y negociación colectiva.
La norma parte de una premisa importante: los pactos colectivos continúan siendo jurídicamente viables, pero no pueden utilizarse como mecanismo para debilitar, desestimular o promover la desafiliación de los trabajadores de una organización sindical.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
Uno de los principales cambios es que el depósito del pacto colectivo deja de ser un trámite meramente documental. A partir del Decreto 992, el Ministerio del Trabajo deberá verificar determinados aspectos antes de efectuar el depósito.
Entre los documentos exigidos se encuentran:
El acta de la asamblea de trabajadores no sindicalizados que aprueba el pliego de peticiones y designa la comisión negociadora.
La lista de asistencia a dicha asamblea.
Las actas de instalación y finalización de la negociación.
Una certificación de la empresa sobre la composición sindical y el número total de trabajadores.
Una certificación en la que se indique que los beneficios del pacto no son iguales, equivalentes o superiores a los previstos en las convenciones colectivas vigentes.
Un comparativo económico y no económico entre el pacto y las convenciones colectivas existentes, incluyendo el costo de las cuotas sindicales.
El contenido económico adquiere especial relevancia
Uno de los aspectos más relevantes es la obligación de comparar integralmente los beneficios del pacto colectivo con los de las convenciones colectivas existentes en la empresa.
La evaluación no se limita a comparar beneficios individuales. El decreto dispone que se tenga en cuenta también el costo de las cuotas sindicales, con el propósito de determinar si, en conjunto, los beneficios ofrecidos mediante el pacto pueden convertirse en un incentivo para no sindicalizarse o para abandonar una organización sindical.
Esto recoge una línea jurisprudencial que ha advertido que un pacto colectivo no puede convertirse en una herramienta para hacer menos atractivo el ejercicio de la libertad sindical.
Participación de las organizaciones sindicales
El nuevo procedimiento también incorpora expresamente a las organizaciones sindicales presentes en la empresa.
Una vez presentada la solicitud de depósito, el Inspector del Trabajo deberá informar a los sindicatos existentes, quienes tendrán tres días hábiles para presentar las observaciones que consideren pertinentes.
El Inspector contará con un plazo máximo de 15 días hábiles para decidir si realiza o niega el depósito.
¿Cuándo puede negarse el depósito?
El Ministerio del Trabajo deberá verificar, entre otros aspectos:
1. La representatividad sindical:Si uno o varios sindicatos agrupan a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, no podrá celebrarse o prorrogarse un pacto colectivo.
2. La existencia de una verdadera negociación:Deberá acreditarse la existencia de un pliego de peticiones aprobado por los trabajadores no sindicalizados, una comisión negociadora y el agotamiento de la etapa de arreglo directo.
3. La ausencia de beneficios equivalentes o superiores:Los beneficios del pacto no podrán ser, en conjunto, iguales, equivalentes o superiores a los establecidos en las convenciones colectivas vigentes, considerando también el costo de la cuota sindical.
Si no se cumplen estos requisitos, el Ministerio podrá abstenerse de efectuar el depósito, con lo cual el pacto será inoponible a los trabajadores por no cumplir las condiciones legales y constitucionales exigidas.
También podrán revisarse otras figuras
El decreto no se limita a los documentos formalmente denominados “pactos colectivos”.
El Ministerio podrá requerir información sobre planes, programas, beneficios unilaterales u otras figuras que, por su naturaleza, contenido o efectos materiales, sean asimilables a un pacto colectivo.
Esto es especialmente relevante para las empresas que cuentan con programas de beneficios diferenciados para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
¿Qué deberían revisar las empresas?
Las organizaciones que tengan pactos colectivos vigentes o estén considerando negociar uno deberían revisar cuidadosamente:
La estructura y el proceso de negociación.
La composición sindical de la empresa.
Los beneficios económicos y no económicos del pacto.
Las diferencias frente a las convenciones colectivas vigentes.
El impacto de las cuotas sindicales en la comparación de beneficios.
Los planes o beneficios extraconvencionales que puedan tener efectos similares a un pacto colectivo.
La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos.
El punto central no es simplemente “depositar un pacto”, sino asegurar que su contenido, negociación y aplicación sean compatibles con la libertad sindical y la negociación colectiva.
En @LABORALEJA acompañamos a las empresas en sus procesos de negociación colectiva, identificando riesgos y oportunidades dentro del marco legal.
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